La productividad es un concepto que comenzó a construirse desde la Revolución Industrial y que ha orientado el enfoque hacia la eficiencia en la producción de bienes y servicios. Sin duda, ha evolucionado a la par de la humanidad, incorporando nuevos preceptos que se han posicionado como prioritarios, como, por ejemplo, la salud de quien participa activamente en dicha producción.
Hoy en día, no es posible hablar de productividad sin hablar también de salud física y mental. No podemos concebir entornos eficientes que desconozcan al ser humano en todas sus dimensiones. Resulta fundamental entonces, comprender que la productividad (ya sea personal, laboral o social) no puede entenderse sin reconocer al ser como un ecosistema influido por múltiples factores.
¿Pero quién vela por que esas esferas del ser sean respetadas? Justamente ahí radica la importancia de contar con un Estado regulador, capaz de establecer normas y garantizar su cumplimiento. Un Estado que propicie ambientes seguros para el desarrollo de las personas y que priorice su bienestar, más allá de su capacidad para producir bienes y servicios.
Es cierto que cualquiera podría calificar esta premisa como idealista, incluso ingenua frente al contexto nacional e internacional. Sin embargo, no debemos perder de vista lo esencial solo porque el ritmo cotidiano nos empuje en otra dirección. Las personas y las sociedades deben ser saludables antes que productivas, y el Estado es el único ente con la capacidad y legitimidad para garantizarlo.
En esa línea, el Estado Colombiano, primero a través de su rama ejecutiva con el Decreto 1295 de 1994, y posteriormente mediante su rama legislativa con la Ley 1562, ha trazado la ruta y el marco normativo para construir una sociedad segura y saludable.
¿Cómo es esto posible ante tantos retos y amenazas? La respuesta está en la prevención. Solo mediante la prevención se pueden reducir los picos de accidentalidad y enfermedad. No existe, al menos por ahora, una solución más eficiente.
La productividad contemporánea



